México aprueba nuevas reglas para proteger a niñas, niños y adolescentes en internet

Un decreto publicado en el Diario Oficial establece obligaciones para las plataformas digitales, como reforzar la privacidad de los menores y facilitar la denuncia de contenido peligroso.

México publicó un decreto que obliga a las plataformas digitales a reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en internet. La medida, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y difundida en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre, establece responsabilidades para los servicios digitales interactivos.
Las reglas se aplican a personas menores de 18 años y no se limitan a las redes sociales. Incluyen servicios que permiten comunicarse, compartir materiales, crear publicaciones o intercambiar contenidos, por lo que las empresas deberán contemplar la protección de menores desde el diseño de sus plataformas.
Entre las obligaciones están activar de forma predeterminada ajustes de privacidad y seguridad, incorporar controles parentales accesibles y ofrecer canales sencillos para denunciar publicaciones o usuarios de riesgo. El propósito declarado es evitar que los menores sean expuestos a materiales dañinos y facilitar respuestas ante situaciones preocupantes.
El decreto contempla restricciones para contenidos que promuevan odio, extremismo violento, violencia sexual, explotación, autolesiones, trastornos alimentarios, acoso, ciberacoso y conductas ilícitas. Las plataformas también deberán retirar material de riesgo y explicar los criterios utilizados para identificar publicaciones que infrinjan las obligaciones de protección infantil.
Las empresas deberán mantener un contacto disponible las 24 horas para atender requerimientos de autoridades investigadoras, conservar evidencia relevante y alertar sobre contenido que represente una amenaza para la vida. Además, tendrán 30 días naturales para documentar e informar las acciones adoptadas en respuesta al nuevo decreto.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento al cumplimiento. Por ahora, el instrumento es obligatorio, pero no establece sanciones específicas inmediatas; el Gobierno advirtió que podría impulsar una ley con sanciones si las compañías no cumplen. Su efectividad dependerá de la aplicación y la supervisión.