Acusan a médicos y asistente de Matthew Perry por sobredosis de ketamina

16 de agosto del 2024

Cinco personas, incluidas dos figuras del ámbito médico, enfrentan cargos por suministrar la droga que llevó a la muerte del actor


Los fiscales federales han acusado a dos médicos y tres personas, entre ellas el asistente personal de Matthew Perry, de suministrar ketamina, un potente sedante que contribuyó a la muerte del actor de "Friends" el pasado octubre.

Los acusados, entre los que destaca Jasveen Sangha, apodada la "Reina de la Ketamina", y el doctor Salvador Plasencia, enfrentan cargos por su rol en la distribución de la droga a Perry y otros individuos. El fiscal federal Martin Estrada declaró que los acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del actor para obtener ganancias ilícitas.

Sangha, conocida por vender la ketamina desde su base en North Hollywood, y Plasencia, quien presuntamente recetó la droga sin justificación médica, fueron formalmente acusados. Plasencia también es señalado por enseñar a Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Perry, a administrar la droga, y por inyectarla personalmente a Perry en varias ocasiones.

Los cargos contra Plasencia incluyen la falsificación de registros médicos y la distribución de ketamina sin fines médicos legítimos. En una defensa inicial, el abogado de Plasencia argumentó que las prescripciones y tratamientos realizados fueron adecuados desde una perspectiva médica.

Además de Plasencia y Sangha, el doctor Mark Chavez y Eric Fleming también están implicados. Chavez admitió haber vendido ketamina a Plasencia, mientras que Fleming se declaró culpable de distribuir la droga a Iwamasa.

Matthew Perry, quien tenía un historial público de abuso de sustancias, murió a los 54 años por una sobredosis de ketamina, entre otros factores, mientras se encontraba en su jacuzzi. La autopsia reveló niveles peligrosamente altos de la droga en su sistema, superiores a los normales en tratamientos médicos.

Los acusados enfrentan diversas penas de prisión que varían desde 10 años hasta cadena perpetua, dependiendo de los cargos y pruebas presentadas en su contra.